El Ministerio del Interior británico presentó el 4 de noviembre de 2026 un conjunto de medidas para regular con más garantías el uso policial del reconocimiento facial. Entre ellas figura la creación de un organismo independiente de supervisión que vigile el uso actual y futuro de estas tecnologías y que, en casos extremos de incumplimiento, podría emprender acciones que llevaran a una orden judicial para impedir a una fuerza policial seguir utilizándolas.

Las medidas, surgidas de una consulta pública, también establecerán que las tecnologías empleadas por las fuerzas del orden sean sometidas a pruebas independientes y rigurosas frente a sesgos por edad, género o raza. Además, una ley específica aclarará que el uso policial del reconocimiento facial debe estar basado en inteligencia y ser proporcional, de modo que solo se emplee cuando los agentes crean que puede haber personas buscadas en una zona. El Gobierno prevé elaborar, en consulta con el nuevo regulador, un código legal de prácticas para la policía y otro separado para el sector privado.

Según el Ministerio, el reconocimiento facial ha permitido detener a miles de delincuentes peligrosos. En las pruebas con cámaras estáticas en Croydon entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se produjeron 173 detenciones, y la Policía Metropolitana informó de un descenso del 10,5 % de la delincuencia general en la zona y del 21 % en los delitos vinculados a la violencia contra mujeres y niñas. Estas medidas se suman a una inversión de 11 millones de libras para triplicar el número de furgonetas de reconocimiento facial en directo.