El Gobierno británico anunció el 10 de septiembre de 2026 su intención de eliminar consultas públicas consideradas «de trámite» para acelerar la toma de decisiones. Según el comunicado, una herramienta de inteligencia artificial identificó alrededor de 7.000 obligaciones de consulta en la legislación vigente. El Ejecutivo citó como ejemplos la demora de siete años en la introducción de ácido fólico en la harina y las tres consultas realizadas entre 2019 y 2023 sobre la obligación de microchipar a los gatos, incluida la definición legal de gato.

La primera secretaria de Estado, Louise Haigh, afirmó que su departamento está eliminando burocracia innecesaria y que los gobiernos son elegidos para liderar, no para esconderse detrás de procesos. Las medidas anunciadas el lunes incluyen facultades para que el Parlamento designe y apruebe los proyectos de infraestructura más importantes, con mayor protección frente a impugnaciones legales, y la posible introducción de una ventana fija para presentar desafíos jurídicos. También se pedirá a los departamentos que reduzcan las consultas que no tengan una razón clara.

El Ejecutivo indicó que en otoño presentará su visión sobre la participación pública y publicará nuevas directrices al respecto.