El Gobierno británico presentó al Parlamento el 4 de noviembre de 2026 el proyecto de ley de Independencia Energética, una reforma que, según el comunicado oficial, sitúa la asequibilidad y el control público en el centro de la política energética. La norma se apoya en medidas anunciadas en el presupuesto de la semana anterior, entre ellas un pago de 100 libras para hasta 20 millones de hogares en Inglaterra este invierno.

Entre las medidas previstas figuran la eliminación de los cargos fijos en las facturas domésticas de gas, que según el Ejecutivo beneficiaría a unos 23 millones de hogares, y el traslado del 75 % de los costes de la Obligación de Renovables de las facturas a gasto público. El texto también refuerza las competencias de Ofgem frente a empresas y intermediarios energéticos, y faculta a las autoridades locales para sancionar con hasta 30.000 libras a los arrendadores que incumplan las normas de eficiencia energética.

El proyecto contempla además la creación por ley de la Agencia de Hogares Cálidos y de la red pública Great British Grid, y exige a los promotores ofrecer a las comunidades hasta un 20 % de participación en nuevos proyectos renovables. En el Mar del Norte se pondrá fin a las nuevas licencias de exploración de yacimientos de petróleo y gas, al tiempo que se mantiene la producción en las zonas ya autorizadas mediante certificados de transición energética.