El primer ministro anunció el 29 de septiembre de 2026 que la Ley del Agua reforzada eliminará los límites actuales a la propiedad estatal de acciones en las principales empresas de agua y saneamiento de Inglaterra, según un comunicado del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. La medida afectará a Inglaterra y retirará las restricciones fijadas en la Ley del Agua de 1989, que varían entre el 1% y el 3% según la empresa y en todos los casos quedan por debajo del 3%.

El Ejecutivo sostiene que busca situar el interés público en el centro de estos servicios y aumentar el control público para lograr aguas más limpias, facturas más justas y mayor rendición de cuentas. A la vez, afirma que el futuro del sector depende de mantener la inversión privada y que suprimir el tope no cambia ese planteamiento. La medida otorgaría al Gobierno margen para considerar diversas intervenciones futuras, incluidos posibles modelos de propiedad, dentro de las reglas fiscales.

El primer ministro también señaló que alcaldes y autoridades estratégicas tienen hoy muy poca influencia sobre las prioridades de las empresas. Se desarrollarían nuevos poderes para los líderes locales como parte de la reforma. Más detalles se incluirían en el plan decenal para Reino Unido que se publicaría a finales de 2026, según el anuncio.