El gobierno británico destinará 100 millones de libras en dos años, a partir de la primavera de 2027, para reducir el coste de la carga en los puntos públicos de baja potencia situados cerca de las viviendas, según un anuncio publicado el 28 de octubre de 2026. La medida está dirigida a los conductores que dependen de estos cargadores, habitualmente instalados en calles residenciales, donde el vehículo puede permanecer conectado varias horas o toda la noche. Según el comunicado, estos puntos representan alrededor de un tercio de la red actual y el ahorro estimado para esos usuarios sería de unas 150 libras al año.

El anuncio se apoya en una revisión independiente sobre el coste de la carga pública, que concluyó que desde 2021 los precios medios han subido un 69 % en los cargadores de baja potencia y un 94 % en los de alta potencia, en términos reales. El ejecutivo señala que cerca de un tercio de los hogares del Reino Unido carece de aparcamiento fuera de la vía pública o de entrada para vehículos. Asimismo, prevé crear un grupo de trabajo sobre portabilidad de tarifas, liderado por expertos del sector, para estudiar si los conductores pueden usar su tarifa doméstica más barata en determinados cargadores públicos; el Ministerio de Transporte dará más detalles.

El texto indica que las ventas de vehículos eléctricos han crecido un 36 % respecto al año anterior y que el gobierno ha invertido 7,5 mil millones de libras hasta 2035 en la transición. Añade que existen más de 124.000 puntos de carga públicos, un 7,4 % más interanual. El 21 de octubre dejó de exigirse permiso de planificación para instalar cargadores que cruzan la acera desde las viviendas hasta los vehículos, lo que, según el comunicado, ahorrará hasta 300 libras en la instalación.