El Ministerio de Justicia del Reino Unido anunció el 22 de octubre de 2026 un plan para que los jueces de la Crown Court puedan imponer sanciones carcelarias a los condenados que se nieguen a asistir a su audiencia de sentencia. Según el comunicado, la medida se suma a reformas legales previas que permiten multas o hasta dos años adicionales de prisión por desacato, y busca que incluso los condenados a décadas de cárcel tengan algo que perder.

Entre las sanciones previstas, sujetas al proceso parlamentario y con entrada en vigor el próximo año, figuran la pérdida de privilegios penitenciarios por 84 días, el confinamiento en celda hasta 21 días, la pérdida de visitas sociales durante 27 días y la limitación de esas visitas a una vez cada cuatro semanas por 84 días. Para reclusos de 18 a 20 años en centros de jóvenes infractores, las cifras serían de hasta 21 días sin privilegios y 10 días de confinamiento. Las visitas de los hijos de los presos quedarían exentas.

La ministra de Prisiones, Catherine McKinnell, afirmó que los criminales no deberían poder elegir cuándo enfrentan la justicia. La comisionada para las Víctimas de Inglaterra y Gales, Claire Waxman, pidió que las nuevas facultades se apliquen de forma coherente.