La ministra de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Angela Rayner, afirmó el 30 de septiembre de 2026 que la Fiscalía británica (CPS) revisará en un proceso independiente un expediente relativo a su ministerio (MHCLG) para determinar si se cumplen los requisitos probatorios de una posible infracción de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974. La Policía Metropolitana había comunicado ese mismo día que había entregado los expedientes del caso a la CPS.

Rayner recordó que 72 personas perdieron la vida en el incendio de la torre Grenfell en junio de 2017 y que los más afectados llevaban más de 9 años esperando este paso hacia la justicia. Sostuvo que el Gobierno incumplió su deber fundamental de mantener seguros a los residentes y que las muertes fueron consecuencia de fallos profundos del sistema de seguridad de los edificios. «En nombre del Estado británico, lo siento», declaró.

Según la ministra, el MHCLG fue informado en 2023 por la Policía de que estaba bajo investigación y cooperó plenamente, sin detallar públicamente su propia condición de sujeto investigado para proteger la pesquisa. Añadió que la CPS dirigirá los siguientes pasos y que el Gobierno seguirá colaborando, y se comprometió a que las lecciones de la investigación judicial impulsen cambios duraderos.