El Gobierno del Reino Unido puso en marcha el 14 de octubre de 2026 una consulta pública de 10 semanas, que cerrará el 23 de diciembre de 2026, sobre propuestas para reforzar los poderes de la Comisión de Entidades Benéficas de Inglaterra y Gales frente al abuso extremista. Según el anuncio, las personas condenadas por determinados delitos de odio quedarían inhabilitadas automáticamente para actuar como administradoras o altas directivas, ampliando normas ya aplicables a condenados por terrorismo y otros delitos graves. También se prevén poderes discrecionales para inhabilitar a quienes hayan promovido violencia u odio racial o religioso.

La ministra de Sociedad Civil, Vicky Foxcroft, afirmó que la mayoría de las entidades benéficas están bien gestionadas, pero que la Comisión necesita medios para actuar cuando se usan como plataforma de odio o violencia. David Holdsworth, consejero delegado de la Comisión, subrayó que la libertad de expresión lícita es fundamental, aunque no hay lugar para promover violencia u odio racial o religioso.

La consulta, dirigida a entidades, administradores, organismos del sector y público, forma parte del plan de acción Protecting What Matters. El Gobierno indicó que publicará un resumen de las respuestas tras el cierre. Desde octubre de 2023, la Comisión abrió más de 400 casos sobre posibles irregularidades en entidades relacionadas con el conflicto en Oriente Medio y realizó más de 80 derivaciones a la policía.