El Gobierno británico presentó el lunes 12 de octubre de 2026 un paquete de enmiendas al proyecto de ley sobre los Troubles de Irlanda del Norte que refuerza las protecciones legales de los veteranos de las fuerzas armadas y los agentes de policía que sirvieron durante el conflicto. Según la Oficina para Irlanda del Norte, las medidas incluyen exigir el consentimiento del fiscal general, que debe actuar de forma cuasi judicial e independiente del Gobierno, para todo procesamiento grave relacionado con los Troubles.

Las enmiendas también establecen que la Comisión y los forenses no deben considerar equivalente la conducta lícita de las fuerzas armadas a las acciones de los paramilitares, y les obligan a valorar el contexto operativo, como la formación, las órdenes oficiales y las decisiones tomadas en segundos bajo fuego. Asimismo, la Comisión deberá comprobar si existen pruebas nuevas o convincentes antes de requerir la comparecencia de un testigo, y los veteranos quedarán protegidos frente a contactos sin aviso previo. Se prevé representación estatutaria de al menos un veterano o representante de veteranos en el grupo asesor de víctimas y supervivientes.

El proyecto sustituye a la Ley de Legado de 2023, que incluía un régimen de inmunidad condicional rechazado por los tribunales británicos. El secretario de Estado para Irlanda del Norte afirmó que la norma busca dar respuestas a las familias, incluidas las de los militares, y que las enmiendas se elaboraron mediante un amplio contacto con asociaciones de veteranos. El secretario de Defensa, Wes Streeting, sostuvo que los cambios ofrecen protecciones legales permanentes. La fuente cifra en más de 300.000 los miembros de las fuerzas armadas que sirvieron en la Operación Banner durante tres décadas, y en casi 1.800 los miembros de los servicios de seguridad fallecidos.