El Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local británico anunció que más de tres millones de arrendatarios en Inglaterra contarán con nuevas protecciones frente a gastos de comunidad considerados injustos. Según el comunicado, el Gobierno presentará cinco conjuntos de normas en el Parlamento el 12 de noviembre de 2026, sujetas a aprobación parlamentaria, que entrarán en vigor de forma escalonada.

Desde el 1 de abril de 2027, los arrendatarios podrán solicitar información sobre los gastos de comunidad, incluidos años anteriores, y los propietarios necesitarán una razón válida para negarse. Además, no podrán trasladar sus costes legales a los arrendatarios sin aprobación judicial o de un tribunal, y los arrendatarios podrán recuperar sus propios gastos legales.

A partir del 1 de noviembre de 2027, recibirán información más clara y estandarizada, incluidos detalles sobre el seguro del edificio y las tarifas administrativas. Los propietarios privados deberán usar formularios normalizados y facilitar cuentas y memorias anuales. Desde el 1 de noviembre de 2028, estas obligaciones se extenderán a los ayuntamientos y las asociaciones de vivienda. El Gobierno indicó que estos cambios forman parte de la Ley de Reforma de la Propiedad Arrendada y Plena Propiedad de 2024.